El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar los problemas de tortura y desapariciones, aunque su implementación ha sido lenta.